Durante la audiencia de legalización de captura por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla expuso ante el despacho judicial una situación médica delicada que, sin embargo, no fue tenida en cuenta para ajustar el desarrollo de la diligencia.
Bonilla informó que padece una isquemia cerebral transitoria, diagnosticada meses atrás, condición por la cual se encuentra bajo estrictos controles médicos especializados. Según explicó en estrados, la audiencia le impidió asistir a una cita médica previamente programada, fundamental dentro de su seguimiento clínico.
“Por estar aquí hoy no pude asistir a una cita médica que tenía programada”, manifestó el exministro ante la magistrada, dejando constancia de que su presencia en la diligencia tuvo un impacto directo en su atención en salud.
Una advertencia médica expuesta en audiencia
El exfuncionario, de 76 años, señaló que la isquemia que padece requiere controles permanentes para evitar un evento de mayor gravedad, y que su agenda médica ha sido alterada por el proceso judicial en curso. La advertencia no fue presentada como una excusa para evadir la diligencia, sino como un llamado de atención sobre la necesidad de compatibilizar el derecho a la salud con el debido proceso.
Pese a ello, la magistrada que presidió la audiencia no suspendió, aplazó ni moduló la diligencia, ni ordenó verificación médica inmediata, limitándose a continuar con el trámite judicial hasta su culminación.
Legalización de captura sin consideración médica
Al término de la audiencia, el despacho legalizó la captura de Ricardo Bonilla, al considerar que el procedimiento se ajustó a los requisitos legales. La decisión se adoptó sin pronunciamiento de fondo sobre el estado de salud del exministro, ni sobre las implicaciones que una condición neurológica activa podría tener en su permanencia prolongada en audiencias judiciales.
Tampoco se ordenó evaluación médica independiente ni se dejó constancia de medidas preventivas para garantizar su integridad física durante el proceso, a pesar de que la información fue suministrada directamente por el capturado y quedó registrada en la diligencia.
Un trato que reabre el debate sobre garantías judiciales
El manejo del caso ha generado cuestionamientos en sectores jurídicos y de derechos humanos, no por la legalización de la captura en sí, sino por la falta de sensibilidad institucional frente a una condición médica advertida en tiempo real.
En escenarios judiciales, la jurisprudencia ha reiterado que el derecho a la salud no se suspende por la condición de capturado, y que los jueces tienen la facultad —y el deber— de adoptar medidas razonables cuando existe riesgo para la vida o integridad de una persona bajo custodia del Estado.
En este caso, la magistrada optó por una lectura estrictamente procedimental, dejando de lado cualquier consideración humanitaria o preventiva, lo que podría abrir la puerta a futuras controversias jurídicas si se llegara a presentar una afectación médica durante el proceso.
Un precedente incómodo
El episodio deja sobre la mesa una discusión de fondo: hasta qué punto la celeridad judicial puede imponerse sobre advertencias médicas explícitas, especialmente tratándose de personas adultas mayores con antecedentes clínicos documentados.
Mientras el proceso contra Ricardo Bonilla avanza dentro del entramado judicial del caso UNGRD, la audiencia deja un precedente que no pasa desapercibido: la justicia cumplió la forma, pero ignoró el contexto humano, una decisión que, aunque legal, resulta cuestionable desde el enfoque de garantías fundamentales.
