La Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), uno de los sindicatos de maestros más influyentes de la región Caribe, atraviesa la mayor crisis institucional de su historia reciente. Lo que comenzó como una disputa por la restitución del fiscal sindical terminó convirtiéndose en un explosivo conflicto de amenazas, desacato judicial, pugnas internas por el poder y serios cuestionamientos sobre el manejo de miles de millones de pesos provenientes de las cuotas descontadas a los docentes.
La situación tomó fuerza el 4 de diciembre, cuando el Ministerio de Trabajo expidió un documento que restituía oficialmente a Alberto Ortiz Saldarriaga como fiscal del sindicato. La decisión obedecía a una medida cautelar emitida por un juez semanas antes, luego de que Ortiz fuera retirado de su cargo mediante una resolución interna. Con la orden judicial, el ministerio simplemente formalizó lo que el juzgado había determinado: que Ortiz debía volver a sus funciones.
Ese mismo día, según la denuncia presentada ante la Fiscalía, se produjo un episodio que empeoró el ambiente. De acuerdo con la versión entregada por varios miembros de la junta directiva, el presidente del sindicato, Carlos Noriega Pertuz, habría ingresado a la sede de ADEA y pronunciado expresiones consideradas amenazantes contra varios directivos, incluidos Ortiz, José Luis Castillo, Eduardo Castillo, Germán Espinosa y Everardo Escorcia. El documento asegura que todo habría ocurrido frente a trabajadores del sindicato.
La denuncia quedó registrada en la Fiscalía.
Hasta ahora, los señalados no han hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido, por lo que se espera que las investigaciones aclaren qué sucedió realmente ese día y si se configuraron o no conductas penales.
Mientras esto ocurría, algunas miradas se dirigieron hacia otro punto sensible: la situación financiera del sindicato. En la ejecución presupuestal de ADEA correspondiente a enero a noviembre de 2025 aparecen varios datos que han generado inquietud entre algunos directivos. El documento muestra que los ingresos alcanzaron cerca de 5.699 millones de pesos y los gastos 4.991 millones, dejando un excedente superior a 700 millones. Hasta allí, un balance contable normal.
Sin embargo, al revisar rubros específicos aparecen contrastes llamativos. Algunos gastos superan lo aprobado, como los destinados a invitados nacionales y actividades sindicales, que incluso sobrepasan el ciento por ciento de ejecución. También figuran montos altos sin mayor detalle, como los más de 500 millones en eventos y movilizaciones o los 147 millones en honorarios profesionales. Varios rubros estratégicos, por el contrario, prácticamente no tuvieron actividad: el CEID alcanzó solo un seis por ciento de ejecución, el programa radial apenas un dos por ciento y sistemas informáticos no registra ejecución alguna.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el del Día del Maestro. En el documento aparece un ingreso de diez millones de pesos destinado a esa actividad, reportado como ejecutado al cien por ciento, pero no se aprecia con claridad en qué rubro fue registrado el gasto.
Estas diferencias han alimentado las tensiones internas justo cuando el fiscal restituido, por su naturaleza de cargo, tendría la responsabilidad de revisar y vigilar el manejo de los recursos. Para algunos directivos, esta coincidencia no es menor: creen que la discusión jurídica y las presuntas amenazas se cruzan con la necesidad de aclarar cómo se han administrado los fondos del sindicato. Otros consideran que se trata de disputas históricas entre sectores tradicionales del magisterio.
Cruce entre tensiones internas y manejo administrativo
La coincidencia entre la restitución del fiscal encargado de ejercer vigilancia interna, las diferencias por el cumplimiento de la medida judicial y las preguntas sobre la ejecución presupuestal han alimentado distintas interpretaciones sobre las causas de la crisis.
Mientras los directivos que denunciaron las amenazas sostienen que se trata de una reacción frente a la obligación de acatar la ley y revisar los estados financieros, otros sectores han considerado que el conflicto es político y obedece a tensiones históricas dentro del sindicato.
Según el análisis del documento:
Rubros con ejecución superior a lo aprobado
- Invitados Nacionales: 155%
- Acción Sindical: 113%
Estas cifras, según especialistas consultados, pueden obedecer a gastos extraordinarios, pero su justificación no aparece detallada en el documento revisado.
Gastos de alto monto sin desglose específico
- Eventos y movilizaciones: $532 millones
- Honorarios profesionales: $147 millones
- Sala Cultural del Maestro: $129 millones
Los montos, en apariencia significativos, carecen de una descripción pública detallada que permita comprender el alcance de las actividades financiadas.
Rubros con ejecución mínima o nula
- CEID: 6%
- Programa radial: 2%
- Sistemas informáticos: 0%
- Procesos electorales: 0%
En contraste con los rubros sobreejecutados, estas áreas muestran poca o nula actividad presupuestal durante el año.
Transferencias sin discriminación
El rubro Aportes a Subdirectivas presenta una ejecución de $505 millones, pero no detalla qué subdirectivas recibieron los recursos ni en qué proporción.
Por ahora, ninguna de estas posiciones ha sido ratificada por las instancias judiciales o administrativas .La hipótesis más seria que emerge es que el restablecimiento del órgano de control interno pudo poner en riesgo intereses particulares dentro del manejo presupuestal.
La situación exige respuestas. La Fiscalía deberá determinar si hubo amenazas y si hay responsables. El Ministerio de Trabajo tendrá que garantizar que se cumpla la medida cautelar y que funcione correctamente la estructura de dirección. Y es probable que la Procuraduría revise también el comportamiento disciplinario y administrativo de la organización.
Mientras todo esto ocurre, los docentes del Atlántico esperan claridad. ADEA es su casa sindical, su espacio de representación y defensa. Lo que hoy está en discusión no es solo el rumbo de una junta, sino la confianza en una institución que, para el magisterio, debe ser ejemplo de transparencia, respeto y democracia.
En el siguiente informe estaremos indagando sobre las responsabilidades de la oficina del ministerio del trabajo sobre este tema, las declaraciones de las partes y que opina el presidente de FECODE Domingo Ayala con todo lo que esta pasando en ADEA y con el cuestionado presidente Carlos Noriega.
