El abogado Frederickt Rafael Barros Mendoza, defensor de derechos humanos y apoderado judicial de la víctima dentro del proceso penal que enfrenta el representante a la Cámara Modesto Aguilera, del partido Cambio Radical, fue víctima de un atentado armado la tarde de este lunes festivo en el departamento del Atlántico.
El hecho se registró hacia las 4:00 p. m., cuando el abogado se desplazaba por la vía que comunica a Juan de Acosta con Tubará, en un vehículo blindado asignado recientemente como parte de su esquema de protección.
La información sobre el atentado fue dada a conocer inicialmente por el periodista Gonzalo Guillén a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Posteriormente, este medio estableció contacto directo con el abogado, quien confirmó lo ocurrido y expresó su preocupación por el contexto de hostigamientos que, según indicó, viene enfrentando desde hace varios meses.
Los proyectiles impactaron el vehículo, sin que se registraran personas lesionadas, debido al blindaje del automotor, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en cumplimiento de una acción de tutela.
Barros Mendoza actúa como abogado de la joven que denunció penalmente al congresista Modesto Aguilera por un presunto delito sexual que habría ocurrido durante una actividad política realizada en Barranquilla en el año 2020.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista, decisión que permitió que el proceso avance a la etapa de juicio. El alto tribunal señaló que no encontró irregularidades procesales que justificaran anular lo actuado.
El congresista Aguilera ha manifestado públicamente su inocencia, mientras el proceso continúa bajo competencia directa de la Corte, debido a su condición de aforado constitucional.
Medidas de protección otorgadas por la UNP
Debido a su competencia dentro de este proceso judicial y a reportes previos de riesgo, Barros Mendoza fue beneficiario de un esquema de protección otorgado por la UNP, el cual incluye tres hombres de protección y un vehículo blindado.
El blindaje del automotor fue determinante para evitar consecuencias fatales durante el atentado ocurrido en las ultimas horas.
Previo al ataque armado, el abogado había puesto en conocimiento de la UNP observaciones e inconformidades relacionadas con la implementación de su esquema de protección, particularmente frente al personal asignado a través de la Unión Temporal (UT) Máximum Security en la que participa la empresa de seguridad SOS y cuyo gerente es Gustavo Orozco reconocido en ámbito de la seguridad y cuestionado por varios ex empleado de la entidad.
Según lo manifestado por el propio protegido en comunicaciones formales dirigidas a la UNP, algunos de los escoltas enviados habrían intentado imponer condiciones relacionadas con horarios, rutinas y dinámicas operativas, lo que, en su criterio, afectaba la confianza y el adecuado funcionamiento del esquema.
En ese contexto, Frederickt Barros Mendoza rechazó la asignación de varios de los hombres de protección inicialmente enviados por la UT Máximum, al considerar que no cumplían con los criterios mínimos de confianza e idoneidad requeridos para un esquema de seguridad en su situación de riesgo.
Según su relato, el protegido solo aceptó de manera temporal a uno de los escoltas, mientras la Unidad Nacional de Protección evaluaba su solicitud de revisión y eventual reemplazo del personal asignado, trámite que, al momento del atentado, se encontraba en curso.
El abogado señaló que esta decisión no implicó una negativa a la protección estatal, sino la necesidad de contar con un esquema que brindara seguridad efectiva y confianza, dadas la información sensible que maneja y algunas son relacionadas a la casa Char.
Estas solicitudes y decisiones, de acuerdo con lo indicado, quedaron formalmente registradas ante la UNP, donde solicito la revisión del personal asignado y pidió que los hombres de protección no tuvieran cercanía con sectores políticos o estructuras de poder que él considera peligrosos para su vida y la de su familia, dada su intervención como apoderado de una víctima en un proceso judicial de alto perfil.
Versiones conocidas en el entorno de los esquemas de protección
Adicionalmente, Barros Mendoza indicó haber conocido versiones que circulan entre beneficiarios de esquemas de protección y trabajadores del sector, según las cuales presuntamente se estarían solicitando pagos irregulares para facilitar la asignación del personal a laborar como hombres de protección en contratos asociados a la UNP, dentro de algunas uniones temporales. esto significa que muchas veces se podrían estar colocando a los de su conveniencias.
En paralelo, sectores sindicales del ámbito de la vigilancia privada han expresado, en escenarios gremiales, la necesidad de que los procesos de selección y asignación del personal que presta servicios a la UNP se realicen bajo criterios estrictos de legalidad, transparencia y mérito, solicitando auditorías y verificaciones independientes sobre la ejecución de los contratos.
Investigaciones en curso y llamado institucional
Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial que establezca un nexo directo entre el atentado armado y el proceso judicial que cursa contra el congresista Modesto Aguilera. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que el contexto profesional y judicial del abogado sea tenido en cuenta dentro de las líneas de investigación.
Las organizaciones sociales han reiterado que la protección estatal debe traducirse en garantías reales de seguridad, permitiendo que abogados, defensores de derechos humanos y representantes de víctimas puedan ejercer su labor sin temor ni interferencias indebidas.
Corresponderá ahora a las autoridades esclarecer plenamente los hechos, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de quienes participan en procesos judiciales de alto impacto.
